(AgenciaFetera 17 de abril de 2012) La FISyP, Fundación de Investigaciones
Sociales y Políticas, ha emitido un trabajo de análisis sobre la situación de
la política industrial del gobierno argentino, a partir de declaraciones
emitidas por la Ministra Débora Giorgi.
La
publicación de este trabajo constituye una contribución al entendimiento de las
políticas públicas que siempre afectan a
los proyectos de los trabajadores.
La ministra de producción Debora
Giorgi publico una nota donde son utilizados los términos de modelo
productivo
para
referirse
a las políticas económicas aplicadas desde 2003
en la argentina por el kirchnerismo, y su impacto sobre el sector industrial. En el escrito argumenta sobre la consolidación
del mismo, asentado en la
industrialización del agro y la federalización de la industria.
Desde el equipo
de estudios económicos en la Fisyp,
nos parece importante seguir
problematizando en torno a esta noción de “modelo productivo” (cuyo inicio se
asocia a la devaluación del 2002, previo al ejercicio del gobierno kirchnerista), porque entendemos que, detrás de la aparente contundencia de algunos
datos de evolución económica existen ciertas problemáticas decisivas a la hora
de pensar el porqué de cierto estancamiento en las condiciones de vida de los
trabajadores y otros sectores
populares.
Además, más allá del crecimiento de las variables macroeconómicas pretendemos discutir el
sentido del “modelo productivo” en curso en la Argentina, que como bien señala Giorgi busca “aprovechar las ventajas competitivas de nuestros
recursos naturales…”, base sustancial
del crecimiento local asociado
a una industrialización vinculada asimismo al impulso de la armaduría
automotriz.
La nota de Giorgi
resalta algunos datos, destacando el lugar de la argentina en el mundo en términos de crecimiento (en 2011 se ubica sólo detrás de China e
India); el papel de la industria
en el crecimiento y su rol en la caída de la desocupación; y, el novedoso dinamismo de las
exportaciones industriales que
supera a las agropecuarias y a los productos primarios en general.
Dólar,
retenciones y coyuntura mundial
Vayamos por partes.
A nuestro modo de ver, y cómo hemos dicho en
otra oportunidad, el modelo en cuestión es básicamente una particular
articulación del manejo de la política cambiaria, las retenciones, y una
particular
coyuntura
económica internacional que funciona
como condición de posibilidad del mismo (ineludible
en cualquier análisis).
Entendemos que son dichos elementos los que
nos permiten comprender los datos que señala la ministra. El manejo de la
política cambiaria generó una fuerte “protección” sobre una parte importante del sector industrial local, lo
que explica en gran medida los datos novedosos del período en materia de generación
de empleo asalariado2. Dicha “protección” no fue otra cosa que la disminución en dólares del costo salarial de una parte importante del universo empresario del sector industrial. Eso
explica porqué cayeron tanto en 2002 no sólo el salario, sino la participación
asalariada en el ingreso, generando en la fundación misma del modelo una masiva transferencia de valor desde
las clases subalternas a la dominantes
que funcionó como precondición para el repunte una vez atravesado el momento más profundo de la crisis económica por
entonces vigente.
Ahora bien, aquellas primeras notas
sobre el modelo que elaboramos en
nuestro equipo en la Fisyp fueron criticadas porque focalizábamos nuestro análisis en la política cambiaria y no en el rol de la política
pública sobre la demanda, y en la influencia
de ésta en el ciclo económico.
Para nosotros, si
bien particularmente desde 2007 el consumo público viene aumentando su
participación en la demanda agregada, la clave para que esta demanda no se
traduzca en un aumento de las importaciones ha
sido en estos años el manejo de la política
cambiaria. De hecho, ya ha pasado en los ´90, con una
política cambiaria de efecto contrario, que aumentos muy
significativos en la demanda agregada se han traducido en desindustrialización.
Tan importante es el tema de la política cambiaria que, frente al condicionante que ha significado la inflación en los últimos
años3, el gobierno
se ha visto obligado a instrumentar un control
de hecho de las importaciones,
en la medida en que éstas
han comenzado no sólo a erosionar la balanza comercial, sino a desplazar fuertemente a muchos
pequeños y medianos empresarios del sector industrial. En pocas palabras, sin demanda queda claro que
no hubiera habido producción; pero sin
la protección cambiaria, no necesariamente habría sido producción doméstica, ni
habría impulsado como lo hizo el crecimiento del empleo (más allá de la
calidad del mismo).
Volviendo a los otros aspectos del
“modelo”, debemos decir algunas cuestiones sobre las retenciones. En el
contexto de una coyuntura
internacional sumamente favorable para el
país4, las retenciones fueron el instrumento fiscal
que, no sólo sirvió
para “disociar” inicialmente
parte del impacto inflacionario de la devaluación , sino que le permitió
al Estado tanto superar la crisis
fiscal en la que se encontraba, como
aumentar significativamente el gasto en materia social y de transferencias a distintos
grupos empresarios, sin
recurrir a una reforma
fiscal5, y cumpliendo parcialmente hasta el 2005, y luego del canje en ese año con mayor incidencia,
con el pago de una pesada carga en
materia de intereses de la deuda pública.
Por otra parte, la
coyuntura internacional
y la política cambiaria permitieron que, pese
al pago
de dicha deuda y los persistentes resultados negativos
de la cuenta capital del balance de pagos, el Banco
Central de la República Argentina acumule las reservas en divisas necesarias
para hacer frente a cualquier intento de desestabilización financiera, y así
lograr cierta y relativa independencia de los organismos multilaterales de
crédito que, hasta no hace poco, condicionaron de un modo profundo la política
económica6.
Pero si bien, las reservas
permiten cierta prevención contra las corridas especulativas, no resuelven el importante problema, mencionado también por Giorgi de la desvinculación entre el mundo de las finanzas y
el mundo de la producción. No es casualidad que la mayor
parte de las inversiones hechas por las PyMEs sean desembolsadas a través de la propia rentabilidad y que su articulación
con el capital financiero privado sea casi nula.
En este sentido, entendemos que no sólo es necesaria la modificación de la
carta orgánica del Banco Central, sino que se debe derogar la Ley de Entidades
Financieras de la dictadura y repensar el rol del capital
financiero, poniendo las finanzas
como un servicio de cara al desarrollo productivo y social, alejándolo de dinámicas meramente
especulativas.
Exportaciones industriales
Un párrafo aparte merece
el desempeño destacado de las exportaciones industriales. Según la
Fundación Observatorio Pyme, sólo el 11% de las pequeñas y medianas empresas industriales exportaba
en 2008 más del 5% de su
producción, y sólo el 35% de sus ventas se dirigía
a otras industrias. Lo principal de la
producción de este sector está destinado
entonces al mercado interno.
Así, el grueso de las
exportaciones industriales pertenece a un pequeño grupo de grandes empresarios que, en su mayoría, se encuentran
fuertemente disociados del ciclo interno. El caso paradigmático, como venimos señalando en reiteradas oportunidades,
es el del sector automotriz.
Justamente por este motivo (por la fuerte disociación
que exhibe su nivel de exportaciones y
producción con los empresarios
domésticos) es que una de las novedades de este 2012, frente a las tensiones
externas que ya exhibe el “modelo”, viene siendo la presión de la secretaría de comercio
para que las terminales sustituyan
localmente algo de los insumos
importados que utilizan.
Entendemos que esta cuestión se ancla
en una continuidad muy fuerte en términos del bloque de poder dominante en
Argentina. Es ineludible la centralidad adquirida por la fracción
del capital productivo- exportador, compuesto por grandes empresas de la industria automotriz
(principalmente las terminales),
hidrocarburífera, minera, un
heterogéneo abanico de agentes vinculados a los
circuitos agro- industriales, junto
a segmentos de la industria química y siderúrgica; en el marco de fuertes dinámicas de concentración y creciente avance de la extranjerización económica. El impulso que han cobrado estas empresas, en el contexto de precios internacionales sumamente
favorables, ha permitido alcanzar un considerable superávit comercial que aunado al
superávit fiscal (favorecido mediante retenciones a las
exportaciones), configuran los dos pilares de estabilidad del “modelo” y nos
permiten comprender la complementariedad de intereses entre el Gobierno y dicho bloque.
Se establece en este
punto una relación de
articulación compleja y contradictoria al interior del capital que funciona como
limitante de mediano o largo plazo para habilitar transformaciones estructurales que mejoren de modo sustancial las condiciones de vida de los sectores
populares. Por un lado, encontramos PyMEs que son clave en la generación de empleo, pero de tipo precario y con bajos salarios, por otro lado, observamos un conjunto de
grandes empresas que no se caracterizan por la generación masiva de empleo,
pero sí por mayores niveles de
formalidad y mejores salarios
en pesos. Así, la orientación exportadora del gran capital
productivo lejos de ver en el salario un factor fundamental (como consumo
en el mercado interno) para la realización del capital, encuentra en él un costo que busca ser limitado
para ganar rentabilidad.
Por otro lado, el sector
de la pequeña y mediana industria, no sólo está desarticulado del gran capital
industrial, sino que ve en el salario un componente importante de riesgo en la
medida en que, fuertemente limitada para lograr aumentos de productividad,
compite directamente con la producción importada. Todavía están por verse los
efectos que tendrán los aumentos tarifarios sobre este sector empresario tan
sensible. Debemos recordar que, junto al costo salarial, el consumo de energía
es uno de los principales componentes del costo empresario en dicho segmento.
Ahora bien, en línea con
lo anterior, en 2007-2008 comienzan una serie de tensiones, que no son otra cosa que los síntomas de intereses estructurales
contradictorios. No sólo los precios
minoristas comienzan una espiral ascendente
que pone un techo a los aumentos en
el salario nominal7, sino que dichos aumentos
nominales erosionan la protección de la pequeña y mediana burguesía
industrial, y con ella, pone un freno
al crecimiento en la tasa de empleo, que se mantiene estancada desde entonces.
Y este es un problema que la
estrategia cambiaria no puede solucionar. Una Fuerte devaluación
significa ampliar la brecha distributiva, erosionando el poder adquisitivo del
salario, sin la certeza de que
garantice aumentos en los niveles de
empleo (en la medida en que los precios internos pueden erosionar los efectos
de dicha devaluación).
A estos problemas, que
podemos denominar de índole interna, hay que sumarle aquellos derivados de la
crisis mundial. Dicha crisis impactó fuertemente en 2009 y 2011, no sólo a
través de su influencia sobre los precios internacionales de los productos que
exporta la Argentina, sino sobre el comportamiento
del capital transnacional productivo que frenó
sus operaciones y comenzó
un proceso de remisión de utilidades8 que puso un límite a los manejos financieros del
gobierno.
En resumidas cuentas, si bien la
estrategia actual del Gobierno ha sido distinta a la de gobiernos anteriores en
lo que tienen que ver con su preocupación por el empleo (como “vía de inclusión
social”), y de ello se deriva, fundamentalmente, un nuevo momento político en el
país, el “capitalismo nacional” en la Argentina sigue estando articulado sobre la base de los intereses de una fracción transnacionalizada del capital
productivo-exportador que parece ser
inconsistente con mejoras significativas en las condiciones de vida de los
sectores populares9.
Esa transnacionalización aludida
es el resultado del modelo productivo en curso, cuyos antecedentes remiten a
las condiciones estructurales de funcionamiento
de la economía
argentina que tuvo
como punto de origen el golpe de Estado de 1976 y se profundizó
especialmente en los 90´,
con la apertura económica, las privatizaciones y las facilidades para la circulación de
capitales.
Un caso paradigmático
resulta el de YPF. En estos días se repasa el balance de las privatizaciones, la del petróleo
en particular, donde se evidencia
que el propósito concreto se asentó
en la obtención de ganancias de las concesionarias, que para el caso de Repsol remitió
en la última década el 97% de sus
excedentes económicos, transfiriendo en promedio 1.300 millones de dólares anuales, unos 13.000 millones
de dólares, casi la totalidad de la
valuación actual de la empresa. A esto se le suma la política de saqueo aplicada por esta empresa
destinada a explotar los yacimientos con bajísimos niveles de exploración de
nuevos pozos.
Insistamos que estamos hablando
de un recurso estratégico que la Argentina enajenó en el momento que las reservas internacionales de
hidrocarburos están en un 90% en manos de los Estados, y que la disputa por el petróleo no es solo una
cuestión económica. Se trata del principal insumo
de un modelo productivo que
necesitamos discutir, no solo para ahorrar energía, sino para
disputar el sentido de la producción y por ende
del consumo. Sea por cuestiones coyunturales o estratégicas, la Argentina
necesita asumir el desafío de recuperar soberanía energética.
La producción argentina está
dominada por las transnacionales, y su objetivo
principal es la remisión de
utilidades al exterior. El país necesita recuperar soberanía, especialmente
sobre la producción. No se trata de
cualquier “industrialización de la ruralidad”, sino una que promueva la soberanía alimentaria y la satisfacción de las necesidades de la agricultura familiar, los pequeños y medianos productores que abastecen principalmente el mercado interno. Ni sólo de “federalizar la industria”, aspecto necesario pero que no deja de ser problemático cuando
esto se hace sobre la base del aprovechamiento de la
explotación de fuerza de trabajo barata y recursos naturales abundantes.
Existe la necesidad de desentrañar los datos del crecimiento argentino, desmitificándolo, para
pensar cuál es el crecimiento
necesario para resolver
necesidades sociales insatisfechas como eje de una política industrial soberana.
Buenos Aires, abril de
2012
Equipo de Economia de la FISyP
Agracemos a los compañeros de FiSyP el trabajo realizado.
1 Débora Giorgi:
“Argentina
recuperó la mística industrial”. Buenos Aires
Económico. 19/03/12 ‐ Pág.
4/Sección:
Argentina.
2 Utilizando los datos
de la EPH (INDEC) es
interesante señalar que, siendo apenas el 13,5% del empleo
asalariado en el tercer trimestre de 2003,
la industria generó alrededor
del 28% del nuevo empleo asalariado entre 2003 y
2007. Momento este último donde
no sólo se
alcanzan records históricos en materia de niveles de empleo,
sino donde el mismo
comienza una fase de estancamiento que
aún transitamos.
3 Condicionante que viene dado por lo siguiente: la inflación erosiona el efecto “competitivo” del dólar en la
medida en que
encarece la producción local frente a la importada, y, a su vez, dificulta utilizar
el mecanismo devaluatorio como solución, en la medida en que ésta pueda
profundizar la espiral inflacionaria.
4 Sobre la coyuntura, vale repetir lo ya dicho: “Si analizamos la relación entre el precio de los productos
que exporta
la argentina y los
que importa, encontraremos que la coyuntura era en 2010 un 45% más
favorable para nuestro país de lo que lo había sido en la década anterior, y un 65% mejor
de los que había sido en los
´80”.
5 A pesar del impacto
de las retenciones en la recaudación tributaria, siguen siendo los impuestos
directos al trabajo
y al consumo las principales fuentes
de recaudación (en contraposición al bajo peso que siguen teniendo
los impuestos a las ganancias y
utilidades del capital).
6 Convengamos que
sigue latente la recomposición de relaciones entre Argentina
y el FMI,
especialmente derivado
de la participación del país en el G20
y el
privilegio que esta articulación de la dominación mundial le
asigna al Fondo.
7 Lejos de ser una consecuencia del aumento en los precios internacionales de los alimentos (como
sostienen muchos intelectuales que apoyan el proyecto oficial),
el aumento en los precios minoristas
aparece claramente como un problema de índole distributiva. No sólo entre capital y trabajo, sino entre
las fracciones del capital. Particularmente es el aumento en las cadenas comerciales
el que eleva los
precios internos, incluso en momentos de estancamiento de los precios internacionales y los precios al productor (como durante
el segundo semestre de 2008).
8
Según la
estimación del
Balance de Pagos hecha por la
Secretaría de Política
económica, los
movimientos negativos del sector privado no financiero ha
sido en los últimos años del orden de los diez mil millones de dólares, a lo que
debemos agregar valores cercanos a los siete mil millones
de dólares provenientes de utilidades remitidas (estos valores son muy cercanos, e incluso superiores en 2010, a los
de los últimos años de
la convertibilidad).
9Otra vez vale la pena reiterar lo ya dicho. Quizás mucho más importante que los valores de las exportaciones industriales. Según el Centro de Investigación
y
Formación de
la
República
Argentina (instituto de la CTA oficialista), el salario real era en 2010, en promedio, el mismo de
diciembre de 2001 (es decir, el más
bajo de todo el período 1947-2010, según datos del CEPED- UBA).A lo que habría que agregar que, siguiendo a
la EPH (INDEC), en el tercer trimestre de 2010 el
55%
de los asalariados
decía ganar menos
de $2000 por mes.
.jpg)
