La investigación científico-tecnológica: ¿Liberación o dependencia?

Sábado 21 de enero de 2012, por Rodolfo Kempf *

Fuente: Agencia CTA: http://www.agenciacta.org/spip.php?article3382

Desde la muerte de Steve Jobs, inventor de la Mac, el iPod, fundador de Apple y Pixar, se sucedieron múltiples artículos periodísticos, que ubican a Jobs como un transformador de criterios estéticos, comunicacionales y políticos, un verdadero espíritu de época.
Sumando puntos a su fama de provocador, Jorge Lanata escribió uno de esos artículos en el diario Perfil con el título de “Revolución tecnológica”. Allí afirma: “Unos chicos en un garaje de Silicon Valley dejaron obsoleto a Marx. La filosofía y la política buscan, desesperadas, definiciones para realidades tecnológicas que ya suceden...”
Sin embargo, pocos saben que fue Federico Engels el que probablemente utilizó por primera vez el concepto de “revolución industrial” para designar al conjunto de innovaciones tecnológicas que alteró los medios de producción y provocó una crisis con las precedentes relaciones de producción, causando transformaciones profundas en la sociedad.
La “Revolución Industrial” cambió todo: la patria, la familia, las motivaciones. La vida de la gente cambió más durante ese período que en los quinientos años precedentes. Pero la revolución tecnológica no es la revolución.
Las civilizaciones fueron hechas por una sucesión de “revoluciones tecnológicas” diferentes, como por ejemplo la agrícola, por la cual la humanidad pasó de dos millones de seres que se alimentaban de lo que encontraban en la faz de la tierra, a transformar la naturaleza, a cultivar y producir para ellos. Se sucedieron luego otras “revoluciones tecnológicas”, como la urbana, de regadío, metalúrgica, pastoril, mercantil, industrial, etc.
En las sociedades activadas por revoluciones tecnológicas, los beneficios obtenidos fueron usados por unos pocos para imponerse a otras sociedades y no para beneficio del conjunto de los seres humanos. Pero cuando una sociedad ingresa en la civilización correspondiente a una revolución tecnológica de forma autónoma, como un pueblo dueño de sí mismo, da un salto de calidad. Nada nos asegura que la revolución biotecnológica, la informática, de por sí, sea actualizadora: lo que es probable es que tenga posibilidades actualizadoras, y también, que tienda a dar ventajas a las potencias imperialistas, manteniendo las condiciones de dependencia.
¿Cómo se está iniciando la “revolución tecnológica” en la Argentina? A través de los monopolios imperialistas. Estas empresas no entran solas, sino asociadas a sectores de burguesía intermediaria, dando cuenta de que el proyecto de nuestra clase dominante es de prosperidad limitada, subordinada al rol que esos grandes monopolios imperialistas nos asignan como país. Si aceptamos esta asociación, aceptamos las relaciones de dependencia y la modernización imprescindible para cumplir con eficacia el rol asignado por ellos. Toda “revolución tecnológica” es una promesa de progresos para los pueblos del mundo, pero si optamos por modernizarnos de esta manera, optamos por renunciar a un desarrollo que nos permita utilizar la ciencia y la tecnología en función de los intereses nacionales y populares.
Es necesaria una ruptura con los intereses comunes de los sectores dominantes internos y los distintos imperialismos, para poder imponer un proyecto propio, que posibilite la utilización de las potencialidades de las revoluciones tecnológicas para satisfacer nuestra soberanía energética, alimentaria, industrial y científica.
Cuando Jorge Lanata confronta a “unos pibes en un garaje del Silicon Valley” con Marx, Engels y las revoluciones socialistas del siglo XX (Rusia, China, Cuba) coincide con lo fundamental de la política de los últimos gobiernos en el campo de la ciencia y la tecnología. Una apología de los polos tecnológicos, “incubadoras de empresas”, “parque tecnológico”, todas formulaciones de modelos de desarrollo diseñados a imagen y semejanza del modelo californiano. El desarrollo de Silicon Valley como centro mundial de alta tecnología se exhibe como la combinación de tres factores; emprendedores tecnológicos, el talento que surge de las universidades de Standford y Berkeley y, fundamentalmente, el capital de riesgo. Gracias a estas tres condiciones, un polo tecnológico que abarca un puñado de ciudades alrededor de la bahía de San Francisco se convirtió en la zona de mayor concentración de empresas electrónicas e informáticas del planeta: Adobe, Cisco, Apple, Intel y Google son algunos de los colosos que surgieron de allí.
¿Copiar el Silicon Valley, cuando todo este desarrollo encontraba a California como la quinta economía del mundo? ¿Tan solo talento + capital? Al promover la emulación de estos estilos de desarrollo se relega la necesidad de producción de conocimiento sobre las especificidades nacionales y las categorías concretas para pensarlos.
Un caso emblemático
El gobierno nacional ha definido recursos y líneas prioritarias para la política del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Con un plan de acción basado en tres plataformas tecnológicas (biotecnología, nanotecnología y las tecnologías de la información y comunicación) aplicadas a cuatro áreas verticales: energía, salud, agroindustria y desarrollo social. Las tres plataformas están financiadas por un programa del Banco Mundial, y las cuatro áreas de “aplicación”, por el Banco Interamericano de desarrollo (BID). Cimenta, de esta manera, el financiamiento por parte de los organismos internacionales de crédito.
En el área de Ciencia y Tecnología el presupuesto se recompuso. Según la Red Iberoamericana de indicadores de ciencia y tecnología (Ricyt) el presupuesto pasó, en relación al PBI, del 0,40% al 0,6% (contado toda el sistema, no sólo el Ministerio).
Supera el 0,45% del año 1999, pero sin alcanzar el 1,20% de Brasil o el 0,67% de Chile. Mucho menos el 3% del PBI de Corea del Sur. En Rosario, un proyecto deinvestigación sobre genética en cultivos sirve de “caso emblemático” y muestra hacia dónde apunta el tipo de país que se está conformando en los últimos años. Durante la inauguración del Instituto de Agrobiotecnología de Rosario (INDEAR) el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Lino Barañao, afirmó: “Esta institución es un ejemplo que antecede a políticas de apoyo a consorcios público-privados que estamos implementando ahora”. Y al mismo tiempo expresó su deseo de que “este tipo de asociaciones se extienda a otras entidades del país”. Tres meses después, declaró nuevamente que Rosario “se está convirtiendo en un caso emblemático en Ciencia y Tecnología”.
Desde hace al menos dos décadas se viene dando un proceso en el sectoragropecuario, denominado por algunos analistas como “la revolución verde”. De este modo se refirieren a la industrialización y tecnificación de las tareas rurales, que han permitido elevar los rindes de producción verticalmente y que, simultáneamente, han aumentado los costos de producción. El resultado de ello es una concentración de capitales y tierras sin precedentes.
El INDEAR no es más que un acuerdo entre 200 empresarios agropecuarios, integrados en la compañía de Semillas Bioceres, y el CONICET (Centro Nacional deInvestigaciones Científicas y Técnicas), el principal organismo del Estado dedicado a la Ciencia y Tecnología en la Argentina. Como dato simbólico, ese acuerdo fue firmado nada más y nada menos que en una feria de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID). El directorio del INDEAR está integrado por dueños de los más importantes consorcios agropecuarios. Entre ellos, el empresario-investigador Víctor Trucco, quien, además de ser el presidente de Bioceres, socia privada del INDEAR, es presidente honorario de AAPRESID. Uno de los principales accionistas del emprendimiento es el grupo “Los Grobo”, cuyo presidente, Gustavo Grobocopatel, es conocido popularmente como el “Rey de la Soja”.
En la sociedad de este centro de investigación, que costó 17 millones de pesos, el sector privado es quien ostenta el paquete mayoritario, aun cuando el INDEAR está ubicado en terrenos estatales (CONICET) y el propio Estado concedió gran parte de los fondos para su construcción. Siete millones de pesos fueron otorgador por el gobierno nacional a partir de un crédito del BID. En el Instituto llegarán a trabajar sólo 60 investigadores, y los beneficios de sus investigaciones serán repartidos en función de la proporción de la sociedad. En definitiva, el sector privado será el beneficiario mayoritario.
Desde INDEAR-CONICET muestran orgullosamente cuál es su aliado estratégico internacional: SemBioSys Genetics Inc., compañía de biotecnología con sede en Canadá, cuyos inversores incluyen corporaciones transnacionales. También figura la transnacional norteamericana de la industria química Dow Chemical Company, a través de una subsidiaria, Dow AgroSciences.
De este “caso emblemático” se desprende un desarrollo científico y tecnológico complementario a la consolidación del rol de la Argentina, en la división internacional del trabajo, como productora de materias primas
Por otra parte, en el reciente viaje de la presidenta Cristina Kirchner a China, se tomaron acuerdos con corporaciones de ese país por casi 10.000 millones de dólares en préstamos e inversiones para la provisión de material ferroviario (locomotoras, vagones y hasta rieles). Una parte sustancial del préstamo irá a renovar el ramal Belgrano Cargas, ligado a la salida de la producción sojera pampeana hacia China por el Pacífico.
Se acordó también la provisión de coches subterráneos. El gobierno negoció esta compra cuando la Argentina tiene estructura para la fabricación nacional de todos esos materiales a más bajo costo, de lo que resulta un duro golpe al desarrollo nacional.
Los ’90
Desde el golpe de estado fascista de 1976, le economía argentina se fue basando en la expansión de la producción de granos, el endeudamiento externo y la especulación financiera, la desindustrialización, el vaciamiento y la entrega de las empresas estatales a precio vil, la transferencia de recursos al exterior. Desde entonces, la desocupación creció cerca del 400% y los salarios reales cayeron alrededor de un 80%. El porcentaje de los ingresos populares en el PBI pasó del 48,5 % antes del golpe, al 26,7 % en la actualidad.
En los años ’90 se multiplicó la deuda externa ilegítima y usuraria. El gobierno de Menem instrumentó un plan privatizador que fue siguiendo firmemente los lineamientos del Banco Mundial. Este, en su documento “Argentina-From Insolvency to Growth” (Argentina, de la insolvencia al crecimiento),planteaba la privatización del CONICET y del Instituto Miguel Lillo en Tucumán, vinculado a las patentes de las especies Argentinas; el achique del INTI (Instituto Nacional de Técnica Industrial); del INTA (Institutos Nacional de Técnica Agropecuaria); la destrucción de la unidadinvestigación-desarrollo-producción de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), separando a las centrales nucleares para ser privatizadas; el desmantelamiento del Proyecto Cóndor; de todos los laboratorios de medicamentos y de salud como el ANLIS–Malbrán.
En el mismo sentido, se lanzó el programa de reformas compuesto por la Ley de Educación Superior, el FOMEC y la CONEAU, que, además del arancel y la mercantilización de la educación superior, abría las puertas a los monopolios para que avancen sobre sus planes de estudio.
En esos años se produjo un salto cuantitativo en nuestra dependencia: se entregó a capitales imperialistas el sector estatal que disponía de resortes claves de la economía nacional y representaba, en volumen, la mitad de ésta. Además, se liquidó la promoción estatal de la industria naval, aeronáutica y de maquinaria vial y se modificaron leyes de propiedad intelectual, en particular software y medicamentos.
La CNEA y la investigación en el campo nuclear
Hace 61 años el gobierno de Perón creaba la CNEA en la perspectiva de hacerinvestigación científica básica y aplicada para poder encarar los desafíos tecnológicos del desarrollo nuclear. Este modelo institucional fue golpeado por primera vez de la mano de Galtieri, y bajo la dictadura más sangrienta de la historia argentina, cuando se cedió gratuitamente la tecnología desarrollada por sus trabajadores en la provisión de elementos combustibles a las centrales nucleares, a las primeras Sociedades Anónimas del sector nuclear: CONUAR y FAE, pertenecientes al grupo Pérez Companc.
Muchos de los trabajadores que enfrentaron esta política de entrega componen hoy la decena de detenidos-desaparecidos de la CNEA. El desmembramiento de la unidad investigación-desarrollo-producción iniciado por la dictadura se profundizó durante el gobierno de Alfonsín y fue llevado al extremo con un plan privatizador por el gobierno de Menem. Ese plan se plasmó con el decreto No 1540/94, la ley No 24.804 del 2/4/97 y su decreto reglamentario, el No 1390/98, que establecieron el desmembramiento de CNEA, la formación de la NA S.A. y la ARN. A partir de entonces, se dejó languidecer a CNEA y se intentó privatizar las Centrales Nucleares y todas las actividades que pudieran conformar un negocio para el sector privado. Así, se privatizó la comercialización de radioisótopos producidos por CNEA en el reactor de Ezeiza (RA-3) y de cobalto 60 producido en la Central de Embalse.
No menos importante fue el acoso al personal de CNEA para que abandonase la actividad, tanto con el nivel salarial paupérrimo, como a través de la presión de la Ley de Prescindibilidad. Sucesivos retiros voluntarios desmantelaron y debilitaron innumerables grupos que habían alcanzado niveles importantes en el conocimiento y manejo de la tecnología nuclear. “La actividad nuclear de índole productiva y deinvestigación, desarrollo y servicio que pueda ser organizada comercialmente será desarrollada tanto por el Estado Nacional, provincial o municipal como por el sector privado”, se consignó en el art. 1 del Decreto 1390/98 (el destacado es nuestro).
Otro ejemplo fundamental de la pérdida de soberanía nacional es el de la propiedad de las reservas uraníferas del país. Ningún cambio a la nefasta ley de la era menemista de privatización del subsuelo, que se diseñó para la comercialización del petróleo y el gas y se extendió a todas las explotaciones mineras, ha sido impulsado por los gobiernos posteriores para reparar la entrega. No podemos seguir bajo una reglamentación que ha dejado de considerar al uranio como mineral estratégico en un tiempo en que se vuelve más importante para todo el mundo, y en el que la minería se hace particular negocio, relegándonos al papel de entregar nuestras reservas para volver a comprarlas elaboradas.
Con respecto al campo de la energía nuclear, en el último periodo se ha pronunciado la continuidad en el desmembramiento. Ya no existe la unidadinvestigación básica- desarrollo en plantas pilotos-producción industrial como fue pensado por el gobierno de Perón hace 61 años.
Al mismo tiempo que existe continuidad con el andamiaje legal de los 90, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se impulsó, en forma correcta y mediante el decreto 1085/06, finalizar la Central Nuclear de Atucha II, extender la vida útil de la Central Nuclear de Embalse por 20 años, construir una cuarta Central, reflotar el proyecto de central de diseño nacional CAREM y poner en funcionamiento el “mock up” de la planta de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu, provincia de Río Negro.
En este sentido, resulta oportuno decir que aún el gobierno no ha invertido en el desarrollo del reactor modular de diseño nacional CAREM adquiriendo el recipiente de presión, elemento estructural imprescindible para su funcionamiento. Y que resulta inminente la toma de decisiones respecto de la Cuarta Central Nuclear argentina que se instalará en Lima, partido de Zárate, provincia de Buenos Aires. La secretaría de Energía hace un llamado a licitación para la compra llave en mano de una central nuclear con tecnología en la línea uranio enriquecido-agua liviana. Entre los oferentes aparecen: la Corporación Nuclear China (CNNC), la francesa AREVASA, la empresa rusa Rosatom y Westinghouse Electric Co.
De concretarse de parte del gobierno nacional esta compra “llave en mano” de una central de tecnología nueva para el país y que será una vez más un prototipo sin antecedentes operativos en el mundo, nos encaminamos a consolidar la dispersión y dependencia tecnológica, dando la espalda a 60 años de conocimientos y desarrollos nacionales en el área nuclear.
Con la continuidad de esta política, CNEA se convertirá en una mera entidad deinvestigación básica en distintas áreas, dedicada a la docencia y a algunos aportes técnicos de importancia menor. O peor aún, a ser un vehículo para los negocios de grandes empresas nacionales y extranjeras que cargan los costos al Estado nacional y se llevan los beneficios de la inversión que hemos realizado todos los argentinos.
El empleo imperialista de las nuevas tecnologías polariza aún más la sociedad entre un puñado de poderosos magnates monopolistas y la gran masa del pueblo. Y ensancha la brecha entre las potencias opresoras y los países oprimidos, arrojados a la pobreza y al atraso. En este sentido es bueno retomar las palabras de Jorge Sabato: “La tecnología nuclear es mucho más que una forma de provisión de energía en kWh, es un instrumento para la transformación tecnológica del país”.
La investigación científica y tecnológica no está al margen del proyecto de país. Su desarrollo puede estar al servicio de las luchas del pueblo por la liberación nacional y social o destinado a mantener (y profundizar) el cepo de la dependencia, aunque ésta aparezca aggionarda. Y la incorporación tecnológica, para maximizar la eficiencia para el rol asignado de productor de materias primas sumado a la compra de tecnología a los países imperialistas sin cimentar un desarrollo autónomo, nos relega a mantenernos sometidos a la dependencia.
¿Un plan de desarrollo nuclear o un plan de instalación de centrales?
El desarrollo nuclear en la Argentina, centralizado en la CNEA desde su creación, ha llevado al diseño, construcción y operación de las Centrales de investigación que funcionan en el país y a su exportación a otros diversos países.
Cuando a principios de los „70 se decidió la instalación de centrales de potencia para la generación nucleoeléctrica, se optó, entre varias ofertas presentadas, por el diseño de Siemens en la línea de uranio natural/agua pesada.
Con la experiencia de la operación Central Nuclear Atucha 1 (CNA 1) de recipiente de presión, el avance en la fabricación de los elementos combustibles, y la capacidad adquirida por las empresas nacionales, para la instalación de la segunda Central (Central Nuclear Embalse, CNE), se optó por el diseño canadiense de tubos de presión (CANDU, manteniendo la línea U natural-agua pesada). Esto permitió el aumento de la participación del personal de la CNEA a través de la creación del Organismo Inspector y el Convenio de Transferencia de Tecnología firmado con el proveedor AECL de Canadá.
La siguiente decisión –tomada por la dictadura y en la época de la expansión acelerada de la deuda externa ilegitima y fraudulenta–, concretada en el decreto 302/79, determinó que la Argentina comprara a Siemens-KWU Alemania cuatro nuevas Centrales de igual diseño que CNA 1, que debían entrar en funcionamiento en el año 2000. Se separó de la estructura de la CNEA a sus áreas de ingeniería creando una nueva empresa, ENACE, que originó una larga discusión entre las alternativas de ser una Sociedad del Estado o una S.A. Al final se decidió por una S.A. con participación mayoritaria del Estado Nacional (75% de acciones de CNEA y 25% de Siemens-KWU), donde las decisiones técnicas quedaban en manos del socio minoritario por ser quien daba las garantías. Esto llevó a una participación nacional en áreas secundarias y en menor cantidad que si se hubiese continuado con la opción de la Tecnología de tubos de presión, de la cual CNEA contaba con la licencia. En plena construcción de la CN Atucha 2 se suspendieron las obras, hasta que el gobierno nacional decidió retomarlas en el año 2006.
Esta historia del desarrollo nuclear en la Argentina tuvo hitos de participación del personal en la toma de decisiones fundamentales. Una de las primeras y más trascendentes fue en el año 1972, cuando la Asociación de Profesionales de la CNEA (APCNEA) publicó el documento “La APCNEA y la política nuclear argentina”, conclusión de un estudio encarado por una subcomisión creada al efecto. Entre otras cosas se concluye allí que “los reactores de U natural-agua pesada pueden integrar completamente su ciclo de combustible en el país”, contrariamente a los de U enriquecido y agua liviana. Esta intervención del personal propició que se tomara la decisión más favorable al impulso de un desarrollo autónomo en el área nuclear.
En noviembre de 1985, la Dirección de Centrales Nucleares de la CNEA publicó el resultado de un “Estudio de la primera etapa Cuarta Central Nuclear”, que se encaró con el objeto de “determinar las capacidades locales para diseñar y construir una central nuclear con reactor CANDU de 60 MW similar a la CNE, identificar las limitaciones que existen a efectos de lograr la mayor participación nacional posible y conveniente y, una vez conocidas dichas limitaciones, proponer opciones para resolverlas”. En el capítulo referido a la Organización del estudio, se menciona que éste “fue realizado por un grupo de profesionales de la CNEA y contó con el asesoramiento de empresas, asociaciones técnicas e institutos, organizados en grupos según las disciplinas”. Este estudio comenzó a finales del año 1982 y se prolongó hasta mediados de 1984.
En el capítulo de las Conclusiones, se menciona que “es posible realizar el diseño de una Central similar a la CNE” en el país. También, “obtener un marcado incremento de los suministros locales”, y se afirma que “la construcción y montaje se podrán realizar con empresas locales y, en temas puntuales, requerirse asistencia externa”. “Se puede afirmar que la CNEA estaría en condiciones de encarar la puesta en marcha de una Central CANDU 600 con un mínimo de asistencia externa.”
Situación actual y perspectivas
Llegada la hora de decidir sobre la cuarta Central Nuclear, nos encontramos nuevamente con las dispersión de los cuadros técnicos que deberían encarar el tema y con una política nacional y de CNEA que elude ir a fondo con el impulso del desarrollo tecnológico nacional acorde con el grado de experiencia y capacidad acumuladas en estos 60 años de actividad nuclear en Argentina.
Argentina hoy no domina el ciclo combustible de uranio enriquecido. Por lo tanto, con la decisión de pasar de centrales con uranio natural/agua pesada a otras con uranio enriquecido/agua liviana se da un paso más en la profundización de la dependencia tecnológica nacional. Frente a esta situación los trabajadores de la CNEA y la actividad nuclear nos preguntamos ¿se van a invertir miles de millones de dólares en una central nuclear prototipo de tecnología nueva para el país para aumentar el aporte nucleoeléctrico dentro de no menos de tres años? ¿No será conveniente insistir en la copia y la provisión de una central de agua pesada-uranio natural, con tubos de presión, a menor costo, e incrementar la inversión en el proyecto nacional CAREM, llevado adelante por CNEA, al mismo tiempo que se encara un claro y firme proyecto de impulsar las tecnologías de enriquecimiento de uranio?
Después de la experiencia en la construcción y operación de tantos años, ¿volvemos a comprar según las premisas de los vendedores internacionales? Con la compra de una central de tecnología nueva para el país, que involucra el cambio de tipo de ciclo combustible según las necesidades de los vendedores, se afianza el cepo de nuestra dependencia tecnológica y se sigue consolidando a la CNEA como vehículo y promotor para los negocios del conglomerado de empresas asociadas al gobierno kirchnerista, que cargan los costos al Estado y se llevan los beneficios de la inversión que hemos realizado todos los argentinos.
Para optar por un verdadero plan de desarrollo nuclear independiente, integrado con recuperación del patrimonio nacional y de nuestros recursos naturales, habrá que reunificar la capacidad de diseño propio que fue desmembrada en la época de las privatizaciones para poder definir así la política nuclear más conveniente.

* Licenciado en Ciencias Físicas (UBA) y doctorando del Instituto Sábato (UNSaM). Integrante de la Junta Interna de delegados de ATE-CNEA. Secretario Gremial de la Federación de Trabajadores de Energía (FeTERA-CTA)