Nota de Prensa.
Declaraciones de José Rigane
Por: Gabriela Gurvich
Cuando
el 2 de noviembre Amado Boudou, actual ministro de Economía y vicepresidente
electo y Julio De Vido, ministro de
Planificación, anunciaron la conformación de una comisión especial que revisará
integralmente la política de subsidios a los servicios públicos, se generó
automáticamente una duda: ¿quién se hará cargo de la diferencia tarifaria?
Los
valores de la factura de los servicios públicos pueden sostenerse de tres
lugares distintos: del usuario, de la empresa o del Estado. Con la política de
subsidios es el Estado quien se hace cargo, que en definitiva son los usuarios
a través de los impuestos.
Ante el anuncio de la quita de los subsidios
“obviamente no se va a hacer cargo la empresa, así que se va a terminar
haciendo cargo el usuario, de una u otra manera”, opina José Rigane, Secretario
General de la Federación de Trabajadores de Energía.
Rigane
señaló la incertidumbre que pesa aún sobre esta medida “todavía no se tiene
claro cuál va a ser la dimensión de la quita de subsidios, a quiénes va a ser y
a qué categoría de usuario”.
Aun
con este panorama poco claro, el gobierno no tardó en salir al cruce ante las
medidas concretadas o por concretar en materia de aumentos en provincias como
Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Misiones y La Rioja.
“Lo
que hemos anunciado es una baja en los subsidios, no un aumento de tarifas, por
lo que si alguna provincia sube las tarifas le retiraremos un valor equivalente
de subsidio” advirtió el domingo pasado Roberto Baratta, subsecretario de
Coordinación de Control y Gestión del Ministerio de Planificación Federal, mano
derecha de Julio De Vido.
El
problema que surge no es la quita en sí, lo cual no estaría mal teniendo en
cuenta que se trata de empresas privadas y en la mayoría de los casos de
capitales extranjeros, sino el desamparo en que dejan a los usuarios y
usuarias.
Al
respecto Rigane explica que la decisión
política de la quita de subsidios es positiva ya que se hacía insostenible
mantenerlos un país donde se tiene que importar, por ejemplo, el gas y la
nafta. Actualmente el monto que el Estado desembolsa para los subsidios ronda
los 70 mil millones de pesos anuales, lo que equivale a un 4% del PBI.
Sin
embargo lo que realmente se pone de manifiesto es la ausencia de políticas
estatales a problemáticas profundas, a las cuales se toca de costado pero no se
las ataca de raíz. “Lo que hay que hacer es una transformación más de fondo en
donde conceptualmente se restablezca la energía como un bien social” opinó
Rigane.
El
dirigente sindical explica que si a un servicio se lo reconoce como bien social
deja de ser una mercancía, por lo tanto ninguna empresa podrá buscar lucro con
su consumo.
“Mientras
no se cambie conceptualmente las decisiones que se impusieron en la década del
90, con la implementación de las políticas liberales y neoliberales de la mano
de las privatizaciones, una buena iniciativa como quitar los subsidios, se
puede convertir en una mala iniciativa, desde el momento en que se vuelque en
los bolsillo de los usuarios”, precisó Rigane.
El
problema sigue siendo que se toman decisiones en el plano de la política
financiera, entonces se ponen restricciones a los sectores más pobres. Rigane
explica que 6 de cada 10 empresas son extranjeras por lo que el dinero que
generan gira fronteras afuera. “Por eso no hay inversiones y por eso es el
Estado el que tiene que sostenerlo con políticas de subsidio, pero con el
absurdo de llegar a subsidiar a los casinos y el hipódromo. No tiene ningún
sentido que nosotros, el pueblo argentino, estemos subsidiando a empresas que
precisamente se han instalado en el país para ganar dinero”, concluyó José
Rigane.
MAR
DEL PLATA 16 DE NOVIEMBRE 2011
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