 |
| Hipólito Solari Yrigoyen
|
Los gobiernos de Chubut y Santa Cruz
firmaron en 2007 un contrato de concesión petrolera hasta el año 2047 del
yacimiento Cerro Dragón, a favor de la empresa Pan American Energy
(PAE). Los términos del contrato constituyen una enajenación del patrimonio
nacional y definen la política energética del gobierno de los Kirchner. Un
recurso de amparo y las “patotas british”.
La producción diaria de Cerro Dragón -5,7 millones
de metros cúbicos de gas y de 15.000 metros cúbicos de petróleo- es
la más importante del país. Negociado en el ministerio de Planificación
Federal, Inversión y Servicios, a cargo de Julio De Vido, ese contrato ha sido
el modelo seguido después en negociaciones similares con otras empresas. La
concesión de este yacimiento puede considerarse un nuevo y perfeccionado
capítulo de la historia negra del petróleo en el país, tanto por el sigilo con
que se negoció, la antelación a su vencimiento con que se firmó y por las
cláusulas que lo integran, lesivas para los intereses nacionales en general y
de las provincias afectadas en particular.
PAE, es una empresa inscripta en el Estado de
Delaware, Estados Unidos. Su capital mayoritario pertenece a British Petroleum.
En el momento de firmarse el contrato el capital minoritario pertenecía a la
firma argentina Bridas. En 2010 se hizo público que la mitad de Bridas fue
comprada por capitales chinos: China National Offshore Oil Corporation.
El primer contrato sobre el yacimiento fue firmado
el 27-4-07 por el gobernador del Chubut, Mario Das Neves, y por el
representante de la sucursal argentina de la empresa beneficiaria, Carlos A.
Bulgheroni. Poco después, en junio de 2007, se firmó un segundo contrato con el
gobernador DanielPeralta de Santa Cruz, ya que el yacimiento se extiende
en las dos provincias.
En un borrador del contrato aparecía también
firmando, “en representación del Estado Nacional”, el ministro de Vido, pero en
el texto definitivo, seguramente con la intención de disimular la
responsabilidad del gobierno nacional, su participación fue eliminada. No
obstante, la propia PAE, una vez suscripto el contrato con Chubut, publicó
una solicitada de una página en los principales diarios de Buenos Aires, en el
que textualmente se anunciaba que “con la participación del Gobierno Nacional,
el Gobierno de la Provincia del Chubut y Pan American Energy acordaron
prorrogar la concesión del área Cerro Dragón” (1). Ninguna autoridad desmintió
la participación del gobierno nacional.
En 2009, el gobernador de Chubut Mario Das Neves
informó a la prensa que “empezamos a trabajar en el tema el 10 de diciembre
de 2003” (2). Sin embargo, el texto del contrato rcién se conoció el
7-4-07, cuando fue enviado a la Legislatura de Chubut para su tratamiento y
aprobación. Así, con el sigilo de la negociación, se evitó el debate ante la
opinión pública del otorgamiento sin licitación de una concesión evaluada en no
menos de 50.000 millones de dólares. Por su extensión en el tiempo, que puede
llevar la explotación del yacimiento hasta su agotamiento, más que de una
prórroga corresponde hablar de una enajenación.
La Legislatura provincial aprobó la ley el 24-5-07
en un debate por demás irregular, ya que una patota sindical de los petroleros
privados interrumpió continuamente al orador crítico del convenio, el
diputado Carlos Alberto Lorenzo (Unión Cívica Radical, UCR). Su
colega de bancada, María Alejandra Nassif fue por su parte lisa y llanamente
impedida de hablar. El voto de estos dos legisladores y el de Ricardo Iriani
(Partido Acción Chubutense, PACH) fueron los únicos votos en contra.
Toda la negociación fue propia de una republiqueta.
Hubo seis legisladores de la UCR que fueron expulsados del partido por el
Tribunal Nacional de Ética por haber votado el contrato y no cumplir con el
programa partidario y los mandatos expresos de la Convención
Provincial y del Comité Nacional de la UCR para que se opusieran.
Cuando se envió el contrato a la Legislatura se
omitió el expediente administrativo, que solo llegó once días después,
generando la sospecha de que el expediente fue elaborado a posteriori para
cubrir las apariencias. La primera actuación data del 5-3-07 y no de diciembre
del 2003 cuando, según Das Neves, comenzó la negociación. Numerosas hojas
han sido refoliadas y para justificar todos los pasos seguidos en tan breve
lapso figura el informe técnico emitido el 25 de abril, la opinión del Fiscal
de Estado al día siguiente y la firma del contrato por el gobernador un día
después.
El informe técnico fue elaborado por el ingeniero
Jorge Valdez Rojas, ex presidente de la empresa Transportadora de Gas
del Norte, sin que conste qué organismo público se lo solicitó. La
responsabilidad de haber acompañado al expediente el informe no requerido de un
tercero recae conjuntamente entre las autoridades y la empresa beneficiada.
La reputación técnica de British Petroleum es
deficiente en el mundo. Esta empresa fue la responsable del derrame iniciado el
20 de abril pasado en el Golfo de México, que alcanzó una extensión igual al
territorio de Puerto Rico y costó la muerte de once trabajadores. British
Petroleum es “proclive a los accidentes” y ha sido acusada de “anteponer las
ganancias a la seguridad” (3).
Valdez Rojas, apoyándose siempre en los informes
recibidos de PAN, concluye que “la compañía atiende los yacimientos con arreglo
a normas vigentes en materia ambiental y de seguridad de las personas”. Se
ignora quien se hizo cargo de los honorarios del perito y su monto. Pese a que
el informe es del 25-4-07, el Secretario de Hidrocarburos de la provincia
figura remitiéndolo al Ministro Coordinador el 20-4-07. Estos detalles
demuestran la adulteración del expediente administrativo.
Fecha y cláusulas del contrato
El título del contrato es “Acuerdo para la
implementación de inversiones en áreas hidrocarburíferas”. La concesión
terminaba en el año 2017, y de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos 17.319
(artículo 35), la empresa podía solicitar una prórroga por otros diez años seis
meses antes de su finalización. La prórroga se le podía otorgar “siempre que el
concesionario haya dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la
concesión”. Pero al firmarse el contrato en el 2007, diez años antes, el Estado
renunció al control del cumplimiento de las obligaciones de la empresa en esa
década.
PAE tampoco ha probado cómo ha llegado a sus manos
una concesión que pertenecía a YPF, ya que no consta ninguna disposición
oficial aprobando esa transferencia. Al prorrogarse la concesión por treinta
años (diez a partir del 2017 y una opción por veinte años más), el plazo
resulta superior al permitido por la Ley de Hidrocarburos. La cláusula más
perjudicial es la que establece una regalía del 12% a favor de la provincia,
cuando en todo el mundo las regalías que pagan los concesionarios al dueño del
yacimiento rondan el 50%.
El gobierno del Chubut se jacta de haber obtenido
un 3% suplementario de regalías, lo que no es exacto porque ese porcentual es
solo “un aporte especial”, como dice el acuerdo, y no regalía. Las regalías se
calculan sobre el petróleo extraído en la boca de pozo, mientras que este
aporte es sobre los ingresos netos; es decir deduciendo del precio de venta los
impuestos, retenciones, regalías y gastos de transporte y almacenaje o los
impuestos y gravámenes similares que los sustituyan en el futuro. Así, este
“aporte” es muchísimo menos que una regalía. El 12% de regalía se justificaba
cuando YPF era del Estado Nacional y en el mundo no había la crisis de reservas
actual que, entre otros factores, ha llevado el precio del petróleo a cifras
siderales.
Las ofertas de inversiones que hizo PAE quedaron
sujetas a condiciones que, de no darse, eximen a la empresa.
Por ejemplo, si se aumentaban las regalías o los impuestos. De hecho, esto
ocurrió al aumentarse las retenciones, con lo que ahora PAE puede o no
invertir, pero ya no está contractualmente obligada. Las inversiones dejarían
también de ser obligatorias si el precio del petróleo crudo en dólares por
barril resultaba inferior al precio promedio percibido por PAE en la provincia
durante el primer trimestre de 2006. Esta última condición es ajena a las
posibilidades de control tanto de la provincia como de la Nación, ya que no
participan en la formación del precio internacional del petróleo.
Según el contrato, las promesas de inversión
también caerían si se ponían restricciones a la libre exportación del petróleo
extraído. O sea que el país renuncia al control de un insumo esencial y no renovable.
Así,
en 2010, Argentina importa hidrocarburos, pues el
país ha perdido el autoabastecimiento, mientras PAE los exporta. Si Chubut
pretendiera cancelarle o limitarle la libre exportación para dedicar la
producción a las necesidades internas, tendría que hacerse cargo del
resarcimiento de daños y perjuicios por incumplimiento. PAE, en cambio, no ha
asume ninguna responsabilidad similar.
Es sabido que después de la venta de YPF, durante
el gobierno de Carlos Menem, cesó la exploración de nuevos yacimientos, lo que
ha llevado a una disminución drástica de la producción. Laprivatización
implicó que YPF, como las demás privadas, se limita a la perjudicial ecuación
comercial de extraer al máximo, no explorar y exportar todo lo posible. Debe
señalarse, además, que no existe ningún control de las inversiones que PAE
declara o, peor aún, que el gobernador Das Neves, haciendo de vocero de la
empresa, dice que ésta ha hecho,.
En el contrato, PAE se compromete a invertir sólo
80 millones de dólares en la exploración marítima, cantidad insignificante por
el alto costo de esta actividad. Otra cláusula leonina es la que se refiere a
la certificación de reservas. La misma debe hacerla un técnico con antecedentes
nacionales e internacionales designado de común acuerdo, pero si tal acuerdo no
existe el certificador deberá ser designado de una lista de tres propuesta
por la empresa. Así, PAE es juez y parte en la certificación.
El acuerdo firmado por Das Neves menciona que “si
correspondiere” el impuesto de sellos sería pagado por la provincia, pero la
Legislatura fue más generosa y en la ley aprobada declaró al acuerdo “exento
del impuesto de sellos”. Se trata de una importante suma -muchos millones de
dólares- que Chubut podría haber dedicado a la lucha contra la pobreza, a
mejorar su infraestructura vial o los magros salarios de los docentes y
empleados públicos, o a cualquier otro fin económico y social, en vez de
regalarla a los capitalistas británicos y estadounidenses del petróleo. El
gobernador Das Neves ha destacado que Chubut percibiría en el primer decenio
778 millones de dólares, pero no dijo que, en el mismo lapso, la empresa va a
ingresar más de 12.000 millones.
Otro déficit del “Acuerdo de Inversiones” es que no
se ha respetado la legislación ambiental del país, que tiene rango
constitucional: en efecto, el derecho al medio ambiente sano está consagrado en
el artículo 41 de la Carta Magna. Se ha dejado así de lado la ley
específica en esta materia (la 25.675), olvidando que es de orden público y aplicable
en todo el país. La vaga referencia que se hace en el contrato al tema no se
ajusta a las normas de la ley.
El contrato anuncia que se aumentarían las fuentes
de trabajo, pero cuando sobrevino la crisis económica de 2009, quedó
evidenciado que la empresa no asumía ninguna obligación contractual sobre el
tema, ya que se produjeron centenares de suspensiones y despidos.
Un recurso de amparo
En defensa del patrimonio nacional y provincial,
seriamente afectados por el acuerdo, el que suscribe, junto con su colega y
dirigente del justicialismo, David Patricio Romero, presentaron un recurso de
amparo ante la justicia provincial, tramitado ante el Juzgado Civil y Comercial
No. 1 de Comodoro Rivadavia a cargo del doctor José Leonardh para obtener la
nulidad del contrato, por violar normas constitucionales de la Nación y de la
provincia, además de leyes aplicables.
Es importante subrayar que se trata de una
iniciativa ciudadana, interpartidaria, a que cuenta con el aporte de los
letrados José Raúl Heredia, Alberto Gustavo Menna y Marcos
Rojas Castro. Heredia ha sido miembro del Superior Tribunal de Justicia y
legislador y diputado constituyente de Chubut por el Partido Justicialista
(PJ), en tanto que Menna ha sido legislador, diputado constituyente de Chubut y
candidato a diputado nacional por la UCR.
Los autos fueron caratulados “Solari Yrigoyen
Hipólito y Romero, David Patricio c/ Provincia del Chubut y otra s/ Acción
de Amparo Expte. No. 198-07”. El recurso fue aceptado por la justicia pero
finalmente fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut.
Al presentar el recurso judicial, los dos firmantes
y sus letrados organizaron el (2007) una conferencia de prensa en Buenos Aires
para dar conocer a la ciudadanía la batalla judicial emprendida y sus
fundamentos. Así se hizo, en presencia de legisladores nacionales,
representantes de los principales partidos políticos, ex gobernadores,
dirigentes sindicales y de ONG, intelectuales y otras personalidades.
El gobierno del Chubut respondió con una solicitada
publicada en los principales diarios nacionales cuyo costo, a cargo del Estado
provincial, osciló en los 400.000 pesos. Allí, los firmantes del recurso y sus
abogados son calificados de “personeros de épocas grises, contubernios y
responsables de la destrucción de las capacidades productivas y el deterioro
social de los ciudadanos chubutenses”, entre otras diatribas. También la
empresa, aunque sin esos epítetos, dedicó costosas solicitadas para atacar esta
defensa del patrimonio nacional
Más explícito aún fue el gobernador Das Neves,
después que la UCR, en una solicitada (4), le rebatiese por inexacto el anuncio
del descubrimiento por PAE de un nuevo yacimiento que, según se dijo, duplicaría
la producción en Chubut. Das Neves no pudo precisar la ubicación de tal
yacimiento, pues se alegó, era un secreto de la empresa.
Fuera de la difusión paga, ningún diario ni radio
ni canal de TV informó sobre el desmentido de la UCR, pero la respuesta del
gobierno fue otra solicitada de una página (5), firmada por el Partido
Justicialista y publicada en todos los diarios de la provincia y difundida por
otros medios. El título de la misma fue “La nostalgia de los miserables” en
referencia a los miembros de la UCR.
Mientras esto ocurría, el ministro coordinador de
Chubut Norberto Yahuar, hoy secretario de Pesca de la Nación, amenazaba a los
denunciantes, a través de la prensa local, con que iban a tener “que pagar con
su patrimonio personal el daño provocado al Chubut”
Patotas en acción
Gracias a la aprobación de la concesión petrolera
en Chubut, PAE pudo firmar en Washington un acuerdo con la Corporación
Financiera Internacional, organismo inversor para el sector privado del Banco
Mundial, por el otorgamiento de un préstamo de 550 millones de dólares para
invertir en Cerro Dragón. Este préstamo, respaldado por el contrato de Chubut,
es el de mayor monto otorgado en los, hasta ese momento, 51 años de existencia
de la entidad.
La legislatura de la provincia de Santa Cruz se
resistió por su parte a aprobar el contrato y los legisladores que se oponían
(justicialistas y radicales) acusaron al gobernador de haberlo firmado “a
espaldas de la provincia”. Hubo movilizaciones populares en Río Gallegos,
Caleta Olivia y otros lugares para rechazar el denominado “Acuerdo
para la implementación de un compromiso de inversiones en áreas
hidrocarburíferas de la provincia de Santa Cruz”. El ex gobernador
justicialista Sergio Acevedo fue uno de los objetores de la enajenación.
La composición de la mayoría justicialista cambió en las siguientes
elecciones y el contrato fue aprobado en marzo de 2008, con la oposición de los
legisladores de la UCR.
Poco después se realizó en la Cámara de Comercio de
Comodoro Rivadavia un foro multisectorial para debatir las renegociaciones
petroleras de Chubut y Santa Cruz. Los oradores fueron marcadamente críticos, y
pese a que asistieron varios funcionarios del gobierno, ninguno habló en
defensa de la posición asumida por el gobernador Das Neves. Pero el oficialismo
acudió a un procedimiento más expeditivo para poner fin a la asamblea.
Lamisma “patota british” (así la llamó la agencia noticiosa Rawson
Line), que había perturbado el debate en la Legislatura irrumpió a los golpes
en la sala de reunión ubicada en un subsuelo, lanzó una bomba de estruendo que
inundó con humo el ambiente y puso así punto final a la reunión en momentos en
que hablaba el senador radical Gerardo Morales. Hubo varios heridos. Uno de los
agredidos fue Sergio Acevedo.
Entre quienes se quedaron sin hablar estaba el
diputado nacional Fernando “Pino” Solanas, quien representaba al Movimiento
para la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora(MORENO),
asociación civil que preside. Esta organización, con la firma de Solanas,
presentó días después un Amicus Curie en el expediente “Solari
Yrigoyen Hipólito y Romero DavidPatricio contra Provincia del Chubut y
otro”. Este memorial, en carácter de “amigos del tribunal”, constituyó un
aporte jurídico al recurso de amparo, finalmente rechazado por el Superior
Tribunal de Justicia del Chubut en 2008.
El expediente ha quedado como un testimonio más de
la extensa y honrosa lucha del pueblo argentino en defensa de su riqueza
hidrocarburífera, al impugnar no solo un contrato sino una política puesta en
marcha con la venta de YPF y profundizada en la actualidad.
*Por
Hipólito Solari Yrigoyen: Abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales; ex
senador de la Nación (l973-76 y 1987-95) y presidente de la Convención
Nacional de la Unión Cívica Radical.
Fuente: El Dipló 136 – octubre de 2010 Le Monde Diplomatique
1 “Un
nuevo horizonte para nuestra energía”, La Nación, Buenos Aires, 30-4-07.
2 La
Nación, Buenos Aires, 28-4-07.
3 The
Wall Street Journal Americas, en La Nación, Buenos Aires
4-5-10.
4
“Como lo nuestro pasó a ser ajeno”, diario El Chubut, de la
ciudad de Trelew, 28-1-08.
5
Diario Jornada, de la ciudad de Trelew del 29/1/08, página 5.
